Durante los últimos meses, Chile y otros países de la costa sudamericana del Pacífico han enfrentado terremotos, lluvias intensas, inundaciones y otros eventos que han puesto nuevamente a prueba sus sistemas de emergencia. En el caso de las precipitaciones, estos episodios han sido consecuencia del rápido fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante 2026
En áreas tradicionalmente áridas o semiáridas, lluvias concentradas en pocos días pueden provocar daños considerables. El problema se agrava cuando las precipitaciones encuentran ciudades y asentamientos con sistemas de evacuación de aguas insuficientes, construcciones levantadas en quebradas o zonas inundables, caminos precarios y una planificación territorial que muchas veces ha avanzado detrás del crecimiento urbano.
Como analizamos en Seguridad y Defensa Noticias, las inundaciones ocurridas en la Región de Coquimbo demostraron la importancia de los municipios, los medios de comunicación locales, Carabineros, Bomberos y las Fuerzas Armadas durante las primeras horas de una catástrofe. Sin embargo, también dejaron una pregunta pendiente: ¿Qué cambios institucionales y qué formas de cooperación permitirían evitar que una emergencia vuelva a transformarse en una tragedia de gran magnitud?
El desastre comienza antes de la emergencia
Un terremoto, una lluvia intensa o un incendio forestal constituyen amenazas. El desastre aparece cuando esas amenazas encuentran comunidades expuestas, infraestructura vulnerable y sistemas de respuesta insuficientes. Por ello, la gestión del riesgo no puede comenzar cuando se activa una alarma o cuando los equipos de rescate salen a terreno. Debe comenzar mucho antes, mediante la planificación territorial, la fiscalización de las construcciones, la preparación comunitaria y la definición anticipada de responsabilidades.
Chile posee una experiencia reconocida en materia de construcción sismorresistente. No obstante, esa capacidad no se ha desarrollado con la misma profundidad frente a inundaciones, aluviones, incendios forestales u otras emergencias. El país ha avanzado, pero de una manera desigual: existe una cultura sísmica relativamente consolidada, mientras que la aproximación a otras amenazas sigue siendo más reactiva.
El terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 expusieron graves problemas de comunicación, coordinación y mando. A partir de esa experiencia comenzó la larga discusión que condujo a la creación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El proyecto ingresó al Congreso en 2011, pero la Ley 21.364 fue publicada recién en agosto de 2021. Posteriormente, el 1 de enero de 2023, la antigua Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) fue reemplazada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).
La nueva legislación significó un avance importante porque incorporó de manera más clara las etapas de mitigación, preparación, respuesta y recuperación, además de establecer planes e instrumentos en los niveles comunal, regional y nacional. Sin embargo, una modificación legal no produce automáticamente capacidades operativas. Para que la reforma funcione se necesitan equipos profesionales, presupuestos permanentes, mapas de riesgo actualizados, ejercicios regulares y una división de responsabilidades que no deje espacios vacíos entre municipios, gobiernos regionales, ministerios, policías y Fuerzas Armadas.
Los más de diez años que tomó la tramitación de esta institucionalidad también muestran la dificultad política de definir quién planifica, quién coordina y quién manda durante una emergencia. Estas discusiones son inevitables, pero no pueden reaparecer desde cero cada vez que ocurre una catástrofe.
Parcelas de agrado y crecimiento sin planificación
Uno de los problemas más visibles se encuentra en las denominadas parcelas de agrado. El Decreto Ley 3.516 de 1980 permite subdividir predios rústicos en lotes de al menos media hectárea, siempre que mantengan su aptitud agrícola, ganadera o forestal. En la práctica, este mecanismo ha sido utilizado durante décadas para desarrollar conjuntos residenciales fuera de los límites urbanos y con exigencias muy inferiores a las aplicadas a un loteo formal.
El problema no es la vida rural ni la decisión de una familia de establecerse fuera de la ciudad. El problema aparece cuando una subdivisión agrícola se transforma de hecho en un barrio, pero sin calles adecuadas, alcantarillado, agua potable, evacuación de aguas lluvias, iluminación, señalización, cortafuegos o accesos capaces de soportar el ingreso de vehículos de emergencia.
Según un estudio del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda, las viviendas ubicadas en conjuntos de parcelas de agrado aumentaron de 62.042 en 2017 a 88.189 en 2024, un crecimiento de aproximadamente 42%. La expansión es demasiado grande para seguir siendo tratada como un fenómeno marginal.
La reciente emergencia en la Región de Coquimbo entregó un ejemplo concreto. En sectores rurales del interior de La Serena y Coquimbo se desarrollaron asentamientos que administrativamente pertenecen a estas comunas, pero que funcionan como barrios con infraestructura mínima. La activación de quebradas y el corte de caminos dejó viviendas aisladas, obligó a realizar rescates y demostró la fragilidad de sus accesos. El caso de Arrayán Costero representa de manera especialmente dura los costos de construir sin incorporar adecuadamente el riesgo del territorio.
No se trata de responsabilizar a quienes compraron o construyeron sus viviendas. El origen del problema se encuentra en un sistema que durante años permitió comercializar terrenos rurales como si fueran urbanos, trasladando a los compradores y posteriormente al Estado el costo de instalar servicios, abrir caminos y responder ante las emergencias.
De la experiencia sísmica a una estrategia multiamenaza
Chile ha aprendido de sus terremotos, pero debe ampliar ese aprendizaje hacia una estrategia multiamenaza. Los graves sismos que afectaron a Venezuela y Colombia durante 2026 volvieron a mostrar que no basta con disponer de reglamentos de construcción.
Ambos países cuentan con normas sismorresistentes por lo tanto, no sería correcto hablar de una ausencia absoluta de legislación. lo que si parece evidente es la no fiscalización, la calidad efectiva de las obras, la vulnerabilidad de las construcciones antiguas y la expansión de viviendas informales que nunca pasaron por un proceso técnico adecuado.
Este punto es especialmente relevante porque demuestra que una buena norma solamente protege cuando se aplica. Chile puede compartir su experiencia en ingeniería sísmica, fiscalización, simulacros y evacuación, pero también debe observar sus propias debilidades frente a otros riesgos.
Países como Perú, por su geografía, concentración urbana en la costa y exposición simultánea a terremotos y tsunamis, constituyen socios naturales para esta cooperación. Chile podría capitalizar sus conocimientos y convertirlos en una herramienta de política exterior, formación técnica e incluso prestación de servicios especializados por parte de universidades, empresas de ingeniería y consultoras.
Japón y Chile: un ejemplo de cooperación que evolucionó
La relación entre Japón y Chile representa uno de los ejemplos más maduros de cooperación internacional en reducción del riesgo de desastres. Ambos países se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico y comparten una extensa exposición a terremotos y tsunamis.
La cooperación bilateral en esta materia comenzó en 1960 y se extendió desde la construcción de infraestructura y el reforzamiento sísmico hasta la planificación territorial, los sistemas de alerta y la preparación ante tsunamis.
Esta relación también ha cambiado con el tiempo. Chile dejó de ser únicamente un receptor de asistencia y comenzó a aportar conocimientos y experiencias propias. El programa KIZUNA, desarrollado conjuntamente por Chile y Japón, convirtió al país en una plataforma de capacitación para América Latina y el Caribe. El proyecto ha formado a más de 5.000 participantes provenientes de 27 países, mientras KIZUNA II continúa el trabajo de fortalecimiento de capacidades y resiliencia regional.
La evolución de la construcción sismorresistente chilena —acelerada después de terremotos como el de 1985 y puesta nuevamente a prueba en 2010—, junto con el desarrollo de planes de evacuación y sistemas de alerta ante tsunamis, demuestra que una cooperación sostenida puede generar capacidades nacionales. También muestra que un país de tamaño intermedio puede pasar de recibir ayuda a entregar capacitación a terceros, mediante un esquema de cooperación triangular.
Este modelo podría ampliarse a inundaciones, incendios forestales, telecomunicaciones de emergencia, logística humanitaria y gestión aeroportuaria durante catástrofes.
Incendios forestales: entre la cooperación y el desarrollo de capacidades
Durante los últimos años, Chile y numerosos países han experimentado incendios forestales cada vez más destructivos. El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas, la acumulación de material combustible y la expansión de la interfaz urbano-forestal han creado escenarios donde un incendio puede pasar rápidamente desde una zona de vegetación hacia sectores densamente habitados.
El megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024 dejó 138 víctimas fatales y se convirtió en una de las mayores tragedias vividas por Chile desde el terremoto de 2010. El fuego no solamente superó las capacidades iniciales de combate. También encontró barrios con accesos limitados, evacuaciones complejas y una planificación urbana insuficiente para contener una emergencia de esa velocidad.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados identificó fallas graves en prevención, coordinación y respuesta. La lección principal es que un incendio forestal que alcanza una ciudad deja de ser un problema exclusivamente forestal: se transforma en una emergencia urbana, sanitaria, policial, logística y de seguridad pública.
Durante décadas, la Corporación Nacional Forestal operó como una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, pese a cumplir funciones públicas esenciales. La Ley 21.744, publicada en 2025, creó el Servicio Nacional Forestal como sucesor de CONAF y como servicio público descentralizado. Esta transformación era necesaria, pero su éxito dependerá de la forma en que se implemente, de sus recursos permanentes y de su capacidad para coordinarse con SENAPRED, Bomberos, policías, municipios y Fuerzas Armadas.
La investigación penal del megaincendio reveló además que varios de los imputados habían estado vinculados a instituciones responsables de prevenir o combatir el fuego. Mientras no exista una sentencia definitiva debe respetarse la presunción de inocencia, pero el caso ya demuestra la necesidad de fortalecer los procesos de selección, supervisión, control interno y trazabilidad de los elementos utilizados durante las operaciones.
También existe espacio para la cooperación internacional. España cuenta con experiencia en investigación de incendios forestales a través de la Guardia Civil y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), mientras su Unidad Militar de Emergencias ofrece un modelo consolidado de respuesta operativa ante grandes catástrofes.
La Unidad Militar de Emergencias de España
La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue creada en 2005 como una fuerza conjunta y permanente de las Fuerzas Armadas españolas. No pertenece exclusivamente al Ejército de Tierra: está integrada por personal proveniente de los distintos componentes de las Fuerzas Armadas y se encuentra encuadrada en el Ministerio de Defensa.
Su misión es intervenir ante situaciones de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Entre sus tareas se encuentran el combate de incendios forestales, la respuesta ante inundaciones, terremotos, grandes nevadas, deslizamientos de terreno, emergencias tecnológicas y contaminación ambiental. Además, dispone de capacidades de ingeniería, transmisiones, búsqueda y rescate, apoyo logístico y coordinación de medios aéreos.
La UME cuenta con alrededor de 3.500 integrantes, cinco Batallones de Intervención en Emergencias distribuidos en Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y León, además de unidades de apoyo, transmisiones y formación. Desde su creación ha participado en más de 800 misiones dentro y fuera de España.
Una de sus principales fortalezas es la existencia de un marco de activación definido. En una emergencia que no haya sido declarada de interés nacional, las autoridades autonómicas pueden solicitar su colaboración por medio del Ministerio del Interior. Posteriormente, el Ministerio de Defensa ordena su intervención. Una vez desplegada, la unidad mantiene su cadena de mando militar y se integra al Sistema Nacional de Protección Civil.
Esto no elimina la dimensión política de una emergencia, porque la decisión de movilizar recursos continúa correspondiendo a las autoridades civiles. Sin embargo, evita improvisar la organización operativa una vez tomada la decisión: la unidad llega con personal entrenado, comunicaciones, logística, maquinaria y una estructura de mando previamente establecida.
Para Chile, la lección no consiste necesariamente en copiar la UME de manera literal ni en entregar toda la gestión de emergencias a las Fuerzas Armadas. Una alternativa sería crear una capacidad conjunta y permanente, con unidades especializadas y territorialmente distribuidas, que pueda ser activada por SENAPRED bajo protocolos claros. Esta fuerza podría concentrarse en ingeniería, apertura de caminos, telecomunicaciones, evacuaciones, transporte aéreo, apoyo sanitario, incendios forestales y operaciones en ambientes contaminados.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas chilenas ya realizan muchas de estas tareas, pero normalmente empleando unidades cuya misión principal es otra. Una estructura especializada permitiría mantener equipos, entrenamiento y personal preparados específicamente para actuar durante las primeras horas.
Israel y el Home Front Command
Otro caso interesante es el Home Front Command o Mando del Frente Interior de Israel. Su origen es principalmente militar y se relaciona con la experiencia de la Guerra del Golfo de 1991, cuando Israel fue atacado con misiles Scud lanzados desde Irak. La posibilidad de que algunos proyectiles transportaran agentes químicos obligó a distribuir millones de máscaras antigás, preparar refugios y organizar capacidades de rescate ante el impacto de misiles sobre zonas urbanas.
El Home Front Command fue establecido formalmente en febrero de 1992 con el objetivo de unificar la preparación de la población y la respuesta en el frente interno, tanto durante la normalidad como en situaciones de emergencia. Su misión incluye la emisión de instrucciones a la población, la coordinación de alertas, la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y el apoyo frente a ataques, inundaciones, incendios y otros desastres.
El lanzamiento sostenido de cohetes desde la Franja de Gaza a partir de los primeros años de la década de 2000 aceleró el desarrollo de sistemas de alerta cada vez más focalizados. En lugar de interrumpir la actividad de regiones completas, el sistema busca advertir principalmente a las zonas expuestas a una trayectoria de impacto. Con el tiempo se incorporaron aplicaciones móviles, alertas directas a teléfonos y canales digitales complementarios a las sirenas tradicionales.
Una característica relevante del modelo israelí es su papel como integrador. El Home Front Command no desarrolla por sí solo todas las tecnologías que utiliza, pero establece necesidades operacionales, prueba soluciones, coordina su aplicación y entrega instrucciones comunes a municipios, instituciones, empresas y ciudadanos.
La realidad israelí es muy distinta a la chilena. Su sistema fue diseñado principalmente para proteger a la población durante conflictos armados y funciona dentro de una sociedad sometida regularmente a ataques con misiles y cohetes. Por ello, no sería razonable copiarlo sin modificaciones. Sin embargo, su experiencia demuestra el valor de integrar alerta temprana, preparación comunitaria, tecnología, infraestructura protegida y capacidad de rescate bajo una autoridad claramente identificable.
El THW alemán: una alternativa civil y técnica
No todos los modelos de respuesta especializada tienen carácter militar. Alemania cuenta con la Agencia Federal de Ayuda Técnica, conocida por su sigla THW, correspondiente a Technisches Hilfswerk. Sus vehículos, equipos y uniformes azules son una imagen habitual durante inundaciones, derrumbes y grandes accidentes.
El THW es la organización operativa de protección civil del Gobierno federal alemán y se apoya en aproximadamente 88.000 voluntarios. Sus integrantes reciben formación técnica, trabajan dentro de unidades estandarizadas y disponen de maquinaria y vehículos diseñados para tareas específicas.
Entre sus capacidades se encuentran el rescate y desescombro, la construcción de puentes temporales, el despeje de caminos, el bombeo de grandes volúmenes de agua, el suministro de agua potable, la generación eléctrica, las telecomunicaciones y el apoyo logístico. También puede desplegar equipos en operaciones internacionales.
La importancia del THW está en demostrar que el voluntariado no tiene por qué equivaler a improvisación. Se trata de una estructura permanente, financiada, entrenada y equipada por el Estado, pero capaz de incorporar a ciudadanos con experiencia en ingeniería, construcción, electricidad, transporte, comunicaciones y otras especialidades.
Un modelo de este tipo podría resultar especialmente útil para Chile. Bajo la coordinación de SENAPRED podrían organizarse unidades técnicas regionales, integradas por personal permanente y voluntarios capacitados, destinadas a complementar —y no reemplazar— a Bomberos, municipios y Fuerzas Armadas. Su función principal podría concentrarse en ingeniería, logística, comunicaciones, abastecimiento y recuperación de infraestructura crítica.
¿Qué modelo necesita Chile?
Chile no necesita importar una institución extranjera completa. Su geografía, organización administrativa, amenazas y capacidades existentes exigen una solución propia. Sin embargo, los casos revisados ofrecen elementos que pueden combinarse.
En primer lugar, SENAPRED debe consolidarse como la autoridad técnica coordinadora del sistema, con capacidad real para exigir planes, supervisar su cumplimiento y mantener información actualizada sobre recursos disponibles. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas podrían desarrollar una capacidad conjunta especializada, inspirada parcialmente en la UME española, con despliegue territorial y protocolos de activación temprana.
En tercer lugar, un cuerpo técnico civil basado en algunos principios del THW permitiría movilizar profesionales y voluntarios entrenados para apoyar en ingeniería, electricidad, agua, telecomunicaciones y logística. En cuarto lugar, la experiencia del Home Front Command muestra la necesidad de integrar los sistemas de alerta, las instrucciones a la población y la preparación de municipios, empresas e infraestructura crítica.
Finalmente, la cooperación Chile–Japón demuestra que la formación sostenida y el intercambio de conocimientos pueden generar capacidades que luego se comparten con otros países. Chile podría ampliar este papel regional ofreciendo capacitación en construcción sismorresistente, evacuación ante tsunamis, comunicaciones de emergencia, gestión aeroportuaria, coordinación civil-militar y planificación de simulacros.
La respuesta tampoco puede separarse del ordenamiento territorial. Ningún helicóptero, camión o unidad especializada puede compensar indefinidamente la construcción de viviendas en quebradas, zonas inundables o sectores sin vías de evacuación. La prevención exige decisiones que muchas veces son políticamente incómodas: limitar proyectos, fiscalizar loteos, exigir obras de mitigación y evitar que intereses particulares trasladen el riesgo al conjunto de la sociedad.
Conclusiones
Chile ha avanzado desde el terremoto de 2010. La creación de SENAPRED, el fortalecimiento de los sistemas de alerta, la cooperación internacional y la creación legal del Servicio Nacional Forestal como sucesor de CONAF muestran una dirección correcta. Sin embargo, las inundaciones, incendios y aluviones de los últimos años confirman que el país todavía mantiene importantes brechas institucionales y territoriales.
La principal lección internacional es que una respuesta eficaz requiere especialización previa. España no improvisa una unidad militar cuando comienza un incendio; mantiene una fuerza entrenada y equipada. Alemania no busca voluntarios después de una inundación; dispone de una organización técnica estable. Israel no diseña las alertas durante el ataque; integra previamente sensores, comunicaciones e instrucciones a la población. Japón y Chile no limitaron su cooperación al envío de ayuda después de un terremoto; construyeron durante décadas capacidades técnicas y humanas.
El objetivo no debe ser militarizar la protección civil ni crear nuevas instituciones solamente para aumentar la burocracia. El desafío es asegurar que cada organismo conozca su función, disponga de recursos y pueda integrarse rápidamente bajo una conducción clara.
Las catástrofes seguirán ocurriendo. La diferencia estará en si el Estado vuelve a reaccionar una vez producido el daño o si logra anticiparse, reducir la exposición y desplegar capacidades durante las primeras horas. En esa decisión se juega no solamente la protección de la infraestructura, sino también la vida de miles de personas.
