Durante la semana recien pasada, la Región de Coquimbo, en el norte de Chile, enfrentó uno de los frentes de mal tiempo más graves de su historia reciente. Las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño y a un río atmosférico de gran intensidad se prolongaron durante varios días, provocando inundaciones, desbordes, activación de quebradas y extensos cortes de servicios básicos.
En la conurbación La Serena-Coquimbo, uno de los principales problemas fue la interrupción del suministro de agua potable, producto de los daños y la alta turbiedad registrada en las captaciones del río Elqui. En los sectores rurales, sin embargo, las consecuencias fueron todavía más graves: numerosos caminos quedaron inutilizados, pueblos completos permanecieron aislados y decenas de personas debieron ser evacuadas utilizando todos los medios disponibles.
En ese escenario, los helicópteros adquirieron un papel decisivo. Su capacidad para operar en lugares sin acceso terrestre permitió rescatar personas, realizar evacuaciones aeromédicas, transportar equipos de emergencia y entregar suministros esenciales. La catástrofe volvió a poner en evidencia la importancia de la cooperación civil-militar y la necesidad de contar con capacidades aéreas permanentes, distribuidas territorialmente y disponibles para responder durante las primeras horas de una emergencia.
Los municipios como primera línea de respuesta
Durante la semana previa al evento meteorológico, los preparativos se desarrollaron principalmente en el ámbito municipal. Esta situación responde a una realidad conocida: los municipios constituyen el nivel del Estado más cercano a la población y, por lo tanto, reciben directamente sus solicitudes de asistencia.
No obstante, en la estructura político-administrativa chilena cuentan con atribuciones limitadas, presupuestos restringidos y competencias circunscritas a sus respectivos territorios. Estas limitaciones se vuelven especialmente evidentes ante emergencias que superan rápidamente las capacidades locales.
Las comunas de La Serena y Coquimbo, aunque poseen una población mayoritariamente urbana, administran también extensos sectores rurales. Muchas de estas localidades dependen de caminos secundarios o rutas no pavimentadas, particularmente vulnerables a inundaciones, derrumbes y activaciones de quebradas.
En ese contexto, la preparación municipal se concentró en la distribución de láminas de polietileno y sacos de arena, la limpieza de alcantarillas y canales, el monitoreo de sectores vulnerables y la intervención de caminos con la maquinaria pesada disponible. .
El Gobierno Regional también tuvo un papel importante durante la fase preventiva. La formación profesional como meteorólogo del gobernador Cristóbal Juliá contribuyó a que la autoridad regional advirtiera públicamente, y con especial claridad, el potencial catastrófico del sistema frontal. Sin embargo, tanto el Gobierno Regional como los municipios enfrentaron una restricción fundamental: podían anticipar el peligro y movilizar parte de sus recursos, pero no disponían por sí solos de todas las capacidades necesarias para responder a una emergencia regional de gran escala.
El comienzo de la tragedia
Con el inicio de las precipitaciones más intensas, las autoridades locales comenzaron a recibir solicitudes de ayuda que rápidamente pasaron de inundaciones domiciliarias y problemas menores de conectividad a situaciones en las que la vida de las personas se encontraba en riesgo.
Las radios y los medios de comunicación regionales fueron fundamentales para dimensionar la magnitud de la tragedia en tiempo real. Mientras las autoridades participaban en sus respectivos Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), comenzaron a recibirse llamados desde sectores rurales completamente aislados. Las quebradas se habían activado, los caminos estaban cortados y el desastre había entrado en su fase más crítica.
La orografía de la Región de Coquimbo —y de buena parte del territorio chileno— hace que muchas localidades rurales sean especialmente susceptibles al aislamiento. Los desprendimientos de rocas, aluviones y derrumbes pueden inutilizar rápidamente los caminos, dificultando o impidiendo el ingreso de ambulancias, bomberos y maquinaria pesada.
En esta emergencia, las comunicaciones móviles también tuvieron una importancia decisiva. Aunque presentaron interrupciones en algunos sectores, permitieron mantener el contacto con numerosas comunidades aisladas, conocer sus necesidades y establecer prioridades de rescate. Esto demuestra que la resiliencia de las redes de telecomunicaciones debe ser considerada parte integral de la infraestructura crítica para enfrentar catástrofes.
Los llamados al Gobierno central
Durante la madrugada del lunes 20 de julio, alcaldes de las comunas afectadas realizaron insistentes llamados, a través de medios regionales y nacionales, para obtener mayor apoyo del Gobierno central y acelerar la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.
A la crecida de los ríos, la activación de quebradas y los cortes de caminos se sumó la interrupción del suministro de agua potable en La Serena y Coquimbo, debido a los problemas registrados en las captaciones del río Elqui. Los municipios, como principal punto de contacto entre el Estado y los ciudadanos, se encontraban desbordados por la cantidad y complejidad de las emergencias.
La respuesta del Gobierno central fue percibida inicialmente como tardía por distintas autoridades locales. La presión pública ejercida por los municipios, el Gobierno Regional y los medios de comunicación nacionales contribuyó a visibilizar la gravedad de la situación y a acelerar la adopción de medidas extraordinarias.
La declaración del Estado de Catástrofe permitió fortalecer la coordinación, movilizar recursos adicionales y entregar un papel central a las Fuerzas Armadas. Para la Región de Coquimbo fue designado como jefe de la Defensa Nacional el general de Brigada Eugenio Ribba Thormann, quien asumió la coordinación de los medios militares desplegados y el apoyo a las autoridades civiles.
Esto conduce a una pregunta relevante: ¿qué papel deben desempeñar las Fuerzas Armadas durante una catástrofe civil?
La defensa nacional constituye su misión principal, pero las capacidades militares también representan una reserva estratégica del Estado. Su organización territorial, sistemas de mando, personal, vehículos, aeronaves, maquinaria pesada, comunicaciones y autonomía logística las convierten en actores difícilmente reemplazables cuando una emergencia supera las capacidades civiles ordinarias.
El desafío no consiste en militarizar la gestión de las catástrofes, sino en establecer previamente cuándo, cómo y bajo qué mando deben incorporarse estas capacidades al sistema civil de respuesta.
Los helicópteros como capacidad decisiva
Uno de los principales aportes de las Fuerzas Armadas durante la emergencia fue el despliegue de helicópteros para misiones de búsqueda, rescate, evacuación aeromédica, reconocimiento y transporte de suministros.
Carabineros utilizó intensamente el nuevo Airbus H135 adquirido con recursos del Gobierno Regional de Coquimbo y recibido pocas semanas antes de la catástrofe. La aeronave permitió realizar rescates, trasladar personas aisladas y obtener una primera evaluación aérea de los daños.
A este helicóptero se sumaron un segundo H135 y un Leonardo AW139 enviados desde Santiago. En conjunto, las aeronaves de Carabineros efectuaron decenas de operaciones, demostrando el valor de contar con medios policiales capaces de ejecutar misiones de vigilancia, rescate y asistencia a la comunidad.
La incorporación del H135 regional merece especial atención. Se trata de un helicóptero ligero bimotor, equipado con aviónica moderna y adecuado para operaciones policiales, evacuaciones aeromédicas y misiones de emergencia. Puede transportar hasta seis pasajeros, dependiendo de su configuración, y operar en espacios relativamente reducidos. Su condición bimotor entrega además un margen adicional de seguridad para vuelos sobre sectores urbanos o terrenos complejos.
La experiencia de esta catástrofe demuestra que su adquisición no debe ser evaluada únicamente desde el punto de vista policial. La aeronave constituye una capacidad regional multipropósito, utilizable durante incendios forestales, inundaciones, terremotos, accidentes y evacuaciones médicas.
La Fuerza Aérea de Chile, por su parte, desplegó MH-60M/L Black Hawk, Bell 412 Además de los C-130 Hercules y Twin Otter. Estas aeronaves operaron desde el Aeropuerto La Florida y realizaron evacuaciones de personas aisladas, traslados aeromédicos y vuelos de reconocimiento en sectores como Lambert, Ovalle, Combarbalá y Vicuña.
El Ejército de Chile también aportó helicópteros ligeros y medianos, entre ellos MD530F, AS350 y aeronaves de la familia Cougar/Super Puma, además de personal, vehículos y capacidades logísticas. La combinación de helicópteros ligeros y medianos permitió distribuir las tareas de acuerdo con el tipo de misión: reconocimiento y enlace, rescate en espacios reducidos, transporte de pasajeros y traslado de cargas de mayor volumen.
Más allá de los medios aéreos
A medida que disminuyeron las precipitaciones y comenzaron a recuperarse algunas rutas, otros recursos aportados por las Fuerzas Armadas adquirieron mayor relevancia.
La maquinaria pesada permitió apoyar la apertura de caminos cubiertos por barro, rocas y sedimentos. Los vehículos militares facilitaron el ingreso de personal y suministros a zonas donde los medios convencionales tenían dificultades para operar. A ello se sumaron capacidades de telecomunicaciones, planificación, transporte y distribución logística.
La designación de un jefe de la Defensa Nacional contribuyó a establecer una conducción más unificada de los recursos desplegados. Este mando no reemplazó a las autoridades civiles, pero permitió coordinar con mayor sincronía las capacidades militares y las necesidades definidas por los organismos regionales y comunales.
La experiencia demuestra que la cooperación civil-militar resulta más efectiva cuando existe una estructura de mando clara, protocolos previamente establecidos y enlaces permanentes entre municipios, Gobierno Regional, SENAPRED, policías, Fuerzas Armadas, Bomberos y servicios de salud.
Una emergencia todavía en desarrollo
Aunque la emergencia aún no ha concluido, es posible realizar una evaluación preliminar. La respuesta presentó fallas iniciales de coordinación y oportunidad, pero, una vez desplegados los recursos nacionales y militares, logró aumentar significativamente la capacidad de rescate y asistencia.
Fue una respuesta correcta, aunque no perfecta.
El desafío posterior será realizar una revisión seria de lo ocurrido. Esta evaluación debe identificar qué recursos estuvieron disponibles, cuánto tardaron en desplegarse, qué solicitudes no recibieron respuesta inmediata y cuáles fueron los principales problemas de coordinación.
También será necesario revisar los mecanismos legales y administrativos que permiten movilizar capacidades nacionales. Si el sistema depende exclusivamente de la declaración de un Estado constitucional, para acceder oportunamente a determinados medios militares, existe el riesgo de perder horas decisivas. Sería conveniente establecer protocolos que permitan disponer de apoyo aéreo, logístico y de ingeniería desde las primeras etapas de una emergencia, bajo un liderazgo técnico claro (ya sea civil o militar) pero controles institucionales correspondientes.
Más medios aéreos para las regiones
Una de las principales lecciones es la necesidad de contar con más medios aéreos permanentemente disponibles en las regiones.
La reciente incorporación del H135 de Carabineros en Coquimbo permitió efectuar rescates y evaluar los daños desde las primeras horas. Sin esa aeronave, la región habría dependido completamente de helicópteros enviados desde Santiago u otras zonas, con la demora que implica organizar tripulaciones, trasladar equipos y establecer una base de operaciones.
SENAPRED y otros organismos públicos deben recurrir en ocasiones al arriendo de helicópteros privados para enfrentar emergencias. Esta alternativa es necesaria y puede complementar las capacidades estatales, pero no reemplaza una disponibilidad aérea permanente.
Por ello, no sería descabellado evaluar una adquisición conjunta de más helicópteros multipropósito para regiones estratégicas. Un modelo como el Airbus H145, de mayor capacidad que el H135, podría cumplir misiones policiales, evacuaciones aeromédicas, rescates, transporte de personal y apoyo logístico. Sin embargo, una decisión de este tipo debe considerar no solamente la compra de las aeronaves, sino también sus tripulaciones, mantenimiento, repuestos, hangares, combustible y disponibilidad operacional.
El modelo utilizado para financiar el H135 de Coquimbo podría servir como referencia. Los gobiernos regionales podrían aportar recursos para adquirir aeronaves destinadas a Carabineros u otra institución nacional, mediante convenios que garanticen su permanencia y disponibilidad prioritaria en la región que financió la compra. Una adquisición coordinada entre varias regiones también permitiría estandarizar flotas, reducir costos y compartir capacidades cuando una emergencia supere los límites administrativos regionales.
El valor de los puntos de posada
La emergencia también confirmó la utilidad del Plan Nacional de Puntos de Posada de Helicópteros, iniciado por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas.
El programa contempla una red distribuida desde el extremo norte hasta la zona austral. Su objetivo inicial era construir 100 puntos para 2026, meta que fue superada al alcanzarse 110 instalaciones. La planificación de largo plazo considera llegar a 260 puntos de posada en 2030.
Aunque el programa estuvo inicialmente asociado al combate de incendios forestales, su utilidad es mucho más amplia. Los puntos de posada pueden facilitar evacuaciones aeromédicas, rescates, transporte de brigadas, entrega de ayuda humanitaria y operaciones en localidades aisladas.
Esta red debe continuar ampliándose, pero también requiere mantenimiento, señalización, inspecciones periódicas y rutas de acceso terrestre. Una plataforma en buen estado pierde parte de su utilidad si no cuenta con comunicaciones, iluminación básica, combustible cercano o una conexión adecuada con hospitales, centros de distribución y albergues.
Mejorar la infraestructura aeroportuaria regional
Finalmente, la emergencia demuestra la necesidad de fortalecer los aeródromos de la Región de Coquimbo y, en general, la infraestructura aeroportuaria secundaria de todo el país.
Durante una catástrofe, instalaciones como el Aeropuerto La Florida dejan de ser únicamente terminales para vuelos comerciales. Se transforman en centros logísticos desde los cuales operan helicópteros, aeronaves de transporte, ambulancias, equipos médicos, autoridades y personal de emergencia.
La ampliación y conservación de estas instalaciones debe considerar plataformas para estacionar varias aeronaves simultáneamente, suministro de combustible, iluminación, hangares, zonas para carga y descarga, sistemas de comunicaciones y capacidad para mantener operaciones prolongadas.
También debe reforzarse la red de aeródromos secundarios. Si una sola instalación concentra toda la actividad aérea, una interrupción de pista, una falla logística o condiciones meteorológicas locales pueden afectar el conjunto de la respuesta.
Conclusiones
Las inundaciones de la Región de Coquimbo confirmaron que, ante una catástrofe de gran magnitud, ninguna institución puede responder por sí sola.
Los municipios fueron la primera línea de contacto con la población; el Gobierno Regional contribuyó a advertir la gravedad del fenómeno y movilizar recursos; los medios locales permitieron visibilizar las necesidades de las comunidades; Carabineros, Bomberos y los servicios de emergencia realizaron rescates; y las Fuerzas Armadas aportaron medios aéreos, vehículos, maquinaria, logística y capacidad de mando.
La principal lección no debe limitarse a destacar la participación militar una vez ocurrida la tragedia. El verdadero desafío consiste en institucionalizar esta cooperación, definir protocolos de activación temprana y distribuir capacidades permanentes fuera de Santiago.
La compra del H135 para Carabineros de Coquimbo, la construcción de puntos de posada para helicópteros y el mejoramiento de los aeródromos regionales muestran una dirección correcta. Sin embargo, estas iniciativas deben integrarse en una política nacional de soporte aéreo para emergencias, con financiamiento, mantenimiento y disponibilidad operacional asegurados.
En un país extenso, montañoso y expuesto a terremotos, incendios, inundaciones, aluviones y tsunamis, los helicópteros no constituyen un lujo. Son una capacidad estratégica del Estado y, durante las primeras horas de una catástrofe, pueden representar la diferencia entre el aislamiento y el rescate.
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