La presente semana ha estado marcada por señales contradictorias en torno a la supuesta compra de cazas F-16V por parte del Perú, en un proceso que, más allá de su dimensión estrictamente militar, ha vuelto a poner en evidencia el impacto que la crisis política del país tiene sobre decisiones estratégicas de defensa.
Pese a que el presidente peruano había señalado públicamente que no firmaría ningún acuerdo de esta naturaleza y que esa decisión correspondería al próximo gobierno, el Ministerio de Economía del país andino informó posteriormente la realización de un primer pago, avaluado en 462 millones de dólares. De confirmarse plenamente ese desembolso como parte del programa, ello no solo contradice las declaraciones presidenciales, sino que además proyecta una imagen de descoordinación institucional particularmente delicada en una compra de alta sensibilidad política, financiera y militar.
El inicio de esta secuencia puede situarse el 14 de abril, cuando Saab presentó una carta de amonestación exigiendo que se le permitiera realizar una “last offer” frente a la aparente selección del modelo estadounidense. La compañía sueca incluso amenazó con retirarse del programa si no se le concedía esa oportunidad. Aquello constituyó una primera señal de que la decisión, al menos en términos prácticos, ya habría comenzado a inclinarse en favor del F-16V.
A partir de entonces, el proceso se volvió todavía más confuso. Diversos medios especializados informaron sobre la existencia de un acuerdo formal —o al menos de una etapa precontractual avanzada— alcanzado con respaldo de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía, incluso en ausencia del presidente. Sin embargo, esa interpretación fue negada públicamente por el propio mandatario a la mañana siguiente, profundizando la percepción de desorden político e institucional.
En este escenario, también llamó la atención el nivel de involucramiento de la embajada de Estados Unidos en Lima, que realizó declaraciones a medios locales y publicaciones en redes sociales en defensa de la continuidad del proceso. Para distintos observadores, esa presión diplomática resultó inusualmente explícita, especialmente considerando que, en teoría, todavía no existía una confirmación política del más alto nivel dentro del propio gobierno peruano.
Con la posterior confirmación del Ministerio de Economía respecto del primer pago, hoy existe una base bastante más sólida para sostener que el programa efectivamente avanzó y que el F-16V se encamina a convertirse en el próximo caza de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
De acuerdo con la información disponible, el contrato inicial contemplaría 12 aeronaves, junto con 12 opciones de compra adicionales. Desde una perspectiva técnica, la selección del F-16V implicaría que la FAP optó por una plataforma de amplia difusión internacional, fuerte respaldo logístico y elevado peso político-estratégico, imponiéndose a competidores como el Dassault Rafale y, especialmente, el Saab Gripen, modelo que durante largo tiempo fue considerado por muchos como un contendiente especialmente fuerte debido a su propuesta de transferencia tecnológica y al impulso que ha ganado en América del Sur tras los casos de Brasil y Colombia.
Sin embargo, más allá de los méritos operativos del F-16V, lo verdaderamente llamativo del caso peruano es que una adquisición estratégica de defensa —que debió proyectar claridad, coherencia y conducción política— terminó transmitiendo exactamente lo contrario. La crisis política del Perú ya no solo afecta la estabilidad de sus gobiernos: comienza también a incidir de forma visible en la manera en que el Estado comunica, respalda y ejecuta sus decisiones en materia de defensa.
A estas alturas, todo indica que el F-16V será el futuro caza de combate de la FAP. Y la principal señal no proviene de los discursos contradictorios de las autoridades, sino de un criterio mucho más concreto: Follow the money.
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